Lo hizo minutos antes de ir a la Policía Judicial para entregarse, pues sobre ella existía una orden de detención para investigaciones que ayer pasó a prisión preventiva, por el supuesto delito de concusión (cobro de valores no permitidos por la ley) en el que ¬según la Secretaría de Transparencia¬ habría incurrido cuando era comisaria de Policía, al igual que cuatro colegas suyos con quienes renunció el 11 de abril.
Vestida de blanco. Con las largas pestañas que solía usar cuando estuvo en el cargo público, zapatillas blancas, un anillo, aretes y collar de tipo artesanal y un celular de bajo costo, así llegó a la Policía Judicial. Su entrega fue sorpresiva, incluso para algunos miembros de su familia y amigos cercanos, pues les había asegurado que esperaba pasar el Día de la Madre con sus hijos y también el cumpleaños del niño mayor que será la semana que viene.
En la que sería la última entrevista en libertad, la esmeraldeña, abogada de 31 años, rechazó todas las acusaciones que se han hecho en su contra. Más bien dice que ¬aunque no se siente víctima de la justicia¬ sí es una perseguida, y critica que no se les haya dado (a los comisarios) la oportunidad de presentar pruebas de descargo.
“Creo que están presionados. Habría que preguntarles a ellos (jueces y fiscales) por qué o por quién. Por ejemplo, por qué no le dan una medida sustitutiva al excomisario que está detenido (se refería a César Hurtado), es abogado, por favor...”, renegó.
También mencionó al ministro del Interior, José Serrano; dijo que habría que preguntarle qué pasó. Porque él manifestó que esta investigación (contra las comisarías) se la iba a llevar lo más transparente posible; y “de repente decían unas cosas y hacían otras”. “No sé, no entiendo por qué tantas contradicciones. Para mí es difícil asegurar que sea él (Serrano) o Gustavo Jalkh (secretario particular del presidente Rafael Correa) directamente (como aseguró su defensor, Mayquel Godoy). Pero quizás también ellos fueron personas engañadas... Por eso actuaron de una manera tan abrupta y sin permitir que haya algún tipo de defensa para nosotros...”, expresó Hurtado.
Mientras dialogaba, sus hijos jugaban. Parecían no entender la situación judicial que enfrenta. Casi frente a ella, su mamá la contemplaba. A ratos la miraba con ternura, también con preocupación. “No me siento víctima de la justicia, sí perseguida por un grupo de inquisidores... Gente llena de odio que está haciendo el papel de inquisidora en esta injusticia”, expresó.
Según ella, la investigación de la Secretaría de Transparencia está desacreditada, porque –dice– recibe y valora denuncias de cualquier persona que quiera hablar mal de ella... “No me siento defraudada, pero sí triste; no pensé que se me envuelva en casos de corrupción”, dijo.
En su diálogo deja ver que uno de los principales confrontadores en su función de comisaria había sido el exintendente de Policía Julio César Quiñónez; considera que la investigación de Transparencia prácticamente lo ha favorecido, porque pese a que no respetaba los procedimientos administrativos cuando clausuraba y reabría negocios, contra él no se ha iniciado ninguna indagación.
Pese al proceso judicial que enfrenta, la excomisaria aseguró que sigue teniendo aspiraciones políticas, que ella no es una improvisada en Alianza PAIS y que su familia también aportó en la campaña cuando aspiró a ser viceprefecta de Esmeraldas. Por eso expresó: “Ni la cárcel me podrá detener, solo que me maten ahí (teme ser agredida tras las rejas)... Si es que hay justicia en este país, Jacqueline Hurtado no puede estar encerrada en una cárcel, porque hay documentos que confirman que no tiene nada que ver en lo que la acusan”.
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