Taxistas ejecutivos de ocho compañías en espera de calificación

Periódicamente, semana a semana, acuden a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) para conocer sobre el estado del trámite que iniciaron hace diez meses para legalizar su actividad como taxistas ejecutivos.

Se trata de los representantes de ocho compañías, integrantes de la Asociación de Taxistas Ejecutivos del Guayas (ATEG), quienes aseguran que durante este largo proceso han soportado intimidaciones de funcionarios de la CTG y supuestos miembros de la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (Cntttsv), que según ellos les pidieron dinero a cambio de los cupos y permisos para sus vehículos.

Juan Llanos, presidente de la ATEG, que además de las ocho compañías denunciantes representa a otras catorce, asegura que en junio pasado los supuestos funcionarios solicitaron entre 2.500 a 3.000 dólares por vehículo para que el resultado de una inspección realizada por la CTG en enero pasado les sea favorable.

Las compañías se negaron a pagar, asegura Llanos, quien señala que la negativa les significó un resultado adverso en sus informes. “Nos negaron los cupos porque supuestamente no cumplimos con los parámetros técnicos de algunos vehículos y la infraestructura física de sus oficinas, fallas que también fueron detectadas durante una primera inspección en enero.

‘Sí entregamos dinero’
Pese a que Llanos asegura que en junio él y sus compañeros se negaron a dar dinero a estos funcionarios, a quienes identifican como Alberto Valle, inspector del departamento de Transporte Público de la CTG y a los abogados John Carabajo y Jorge Casis, supuestos funcionarios de la Cntttsv; Zaida Rovira, representante de la compañía Andescar y abogada de ATEG, asegura que antes de la primera inspección, en enero, desembolsaron $ 1.000 por compañía para asegurar que el informe fuera positivo.

“Ellos nos citaron por grupos en un centro comercial y allí dimos el dinero”, confiesa Rovira, quien asegura que lo hicieron presionados e intimidados.

“Nosotros no quisimos sobornar a nadie, fuimos víctimas de la intimidación de gente con poder”, justifica la abogada, quien asegura que en reiteradas ocasiones fueron amenazados con dejarlos fuera del proceso.

Sin embargo, tras el segundo intento de extorsión (en julio) las compañías decidieron denunciar a los funcionarios y protagonizaron, el pasado 29 de agosto, una protesta en el Malecón Simón Bolívar, a la altura de la Gobernación, para llamar la atención del gobernador Roberto Cuero.

Los empresarios, entre ellos Llanos y Rovira, aseguran que entregaron al Gobernador pruebas de las irregularidades (grabaciones y documentos).

La protesta y la presentación de una denuncia en la Fiscalía provocó que Valle fuera separado del proceso de regularización de taxis ejecutivos, pero no de la CTG; aunque se inició una investigación interna sobre el caso. Además se programó una tercera inspección exclusiva para las ocho compañías.

“Lo que se hizo fue tomar correctivos frente a graves denuncias de supuestos actos de corrupción en la entidad”, explica el director ejecutivo de la CTG, Jaime Velásquez.

Pero, 40 días después de la protesta y del inició de las investigaciones, los denunciantes lamentan la falta de resultados. “Valle solo fue sacado del proceso, pero sigue en la CTG y la Fiscalía no ha iniciado ninguna indagación”, reclama Rovira.

Al respecto, Velásquez asegura que la investigación que se le inició a Valle no demostró su participación en actos de corrupción. “Hasta que no se compruebe la culpabilidad de alguien no puedo hacer nada”.

Esperan calificación hoy
En tanto, aparte de los procesos administrativos y judiciales Llanos, Rovira y el resto de empresarios esperan para hoy los resultados de la tercera inspección que les realizó un nuevo técnico de la CTG, Ronald Díaz, a mediados de octubre.

Además de la resolución de la apelación presentada por las compañías Andescar (representada por Rovira), Cityline, Pascuales Express y Oswald’Car, que fueron descalificadas del proceso luego de la protesta de agosto pasado.

Antes la CTG ya aprobó a 29 compañías a las que asignaron 1.615 de los 2.842 previstos para Guayas. Las compañías representadas por la ATEG esperan estar incluidas dentro de los 1.227 cupos restantes.

“Hemos invertido dinero en mejorar nuestra infraestructura y cambiar unidades antiguas y de más cilindraje para ser aprobados”, argumenta Rovira, quien pese a sentirse segura de que cumplen con los requisitos que exige el reglamento, le preocupa que exista ánimo de perjudicarlos por las denuncias que realizaron y asegura que están intranquilos. “Ya ha pasado demasiado tiempo para que emitan un simple informe”.

Walter Bustos, gerente general de la corporación Eloy Alfaro, también se siente preocupado. El empresario cuenta con 27 socios y reconoce que tienen tres vehículos que aún no cumplen con los requisitos.

“Tengo tres autos Chevrolet Spark de 1.000 cc en la flota y lo requerido es de 1.350 cc”.

Bustos asegura que para cambiar esas unidades necesita los cupos y el permiso de operación. “Con el permiso de la Cntttsv podré tramitar créditos para cambiar las unidades”.

Llanos, por su parte, anuncia que de no tener resultados esta semana su gremio adoptará medidas de protesta, mientras que Rovira analiza la posibilidad de acudir al Municipio de Guayaquil a exponer el caso.